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  • Diario Digital | martes, 21 de enero de 2020
  • Actualizado 07:17

SE REQUIERE AL ENCAUSADO UNA FIANZA DE 49.929,21 EUROS

El alcalde de Encinas Reales irá a juicio acusado de malversación, defraudación y falsedad

Gabriel González fue procesado a raíz de una denuncia del PP de la localidad, que ejerce la acusación popular, la única personada en esta causa

El alcalde de Encinas Reales irá a juicio acusado de malversación, defraudación y falsedad

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lucena ha abierto juicio oral en la causa contra Gabriel González, alcalde de Encinas Reales, procesado como presunto autor de delitos de malversación de caudales públicos, un delito continuado de defraudación y otro de falsedad en documento público.

Según el auto de apertura al que ha tenido acceso 'ABC', se requiere al encausado una fianza de 49.929,21 euros "para asegurar las responsabilidades que pudieran imponérsele" y se le avisa de que, en caso de no presentar dicha cantiad, "se le embargarán sus bienes".

El escrito decreta su libertad provisional, "con la obligación de comparecer ante este juzgado cuantas veces fuere llamado, así como de comunicar cualquier cambio de domicilio y solicitar permiso para salir al extranjero, todo ello con el apercibimiento de revocar su libertad y acordar su prisión provisional".

El regidor encinarrealeño fue procesado a raíz de una denuncia del PP de la localidad, que ejerce la acusación popular, la única personada en esta causa, dado que no hay acusación particular y el Ministerio Público se pronunció en su día considerando que no veía delito alguno.

El escrito presentado por el Partido Popular señala que, a partir de noviembre de 2008, González Barco suscribió un contrato laboral con una arquitecta sin realizar un proceso selectivo, ni informe previo de ninguna clase, ni resolución alguna.

Teóricamente, la trabajadora estuvo de alta hasta 2010, aunque la acusación popular sostiene que no asistió al Ayuntamiento, nunca tuvo un equipo informático a su disposición y solo consta que firmara diez licencias de obra menor, todas en el mismo día. Simultáneamente, la trabajadora estuvo de alta en una escuelta taller municipal.

Asimismo, en 2009 se le realizaron dos contrataciones externalizadas para un proyecto básico y la adaptación de las normas subsidiarias del municipio. La acusación popular sostiene que se perdieron decenas de miles de euros.

De este modo, considera que estos hechos son constitutivos de un delito de prevaricación, por el que pide nueve años de inhabilitación; malversación (por la que solicita cinco años de prisión), fraude (dos años y seis meses de cárcel), y falsedad (por la que estima que sea condenado a cinco años y medio de prisión)

Ahora, y según el auto del juzgado lucentino, el acusado tendrá que nombrar a un abogado y formular escrito de conformidad o disconformidad con el procesamiento, aportando las pruebas que considere oportunas..