La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública, Raquel López, ha firmado un convenio de colaboración con la alcaldesa de Fuente Tójar, Marifé Muñoz, para facilitar la ejecución de medidas judiciales de medio abierto de menores infractores, buscando con ello la “reinserción y reeducación” de estos jóvenes. Con este convenio, se posibilita que los menores infractores condenados a medidas de régimen abierto, como prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas o actividades para reparación a favor de la sociedad, entre otras, las cumplan en su propio municipio sin necesidad de desplazarse a la capital.
Como ha explicado López, de esta manera, “se facilita a la Consejería de Justicia el cumplimiento de la ejecución de las medidas impuestas. Además, para el Ayuntamiento supone un beneficio, ya que mejora las condiciones de vida de sus habitantes”.
Mientras la Junta Andalucía se hace cargo de los costes de la seguridad social y de los seguros de accidentes que corresponden al menor, el Ayuntamiento de Fuente Tójar determina las actividades a realizar, ya que la Delegación de Justicia realiza un programa individualizado de ejecución de las medidas, así como un seguimiento de las tareas impuestas al menor.
La Delegación de Justicia ya ha cerrado este tipo de acuerdos con distintos ayuntamientos de la provincia, facilitando así el cumplimiento de una medida judicial obligatoria. López ha agradecido la buena disposición del Consistorio y ha destacado que, de esta forma, los menores infractores “ven cuál es el valor de los servicios que prestan” en su propio pueblo, ya que “van a ayudar a construir la sociedad”, como “contraprestación al error que hayan cometido”, en este caso a través de distintas delegaciones y servicios del Ayuntamiento de Fuente Tójar.
La delegada ha puesto de manifiesto que de esta forma y con la firma de este acuerdo, que la Consejería de Justicia cumple con sus competencias, en cuanto a “la puesta a disposición de todos los medios necesarios para la ejecución de las medidas que impongan los jueces a los menores infractores”.
